Proyecto contra la verdad inició su trámite

Por: Redacción Política (El Espectador) ///

Con el argumento de que se pone en riesgo la seguridad nacional y su soberanía, un representante a la Cámara por el Centro Democrático radicó una iniciativa que busca evitar que la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas puedan acceder a información militar de carácter reservado. Especialistas la califican de inconstitucional.

El miedo de los defensores del Acuerdo de Paz, de que en un gobierno uribista se atacara lo pactado en La Habana, empieza a tomar forma. Primero fue el proyecto del Centro Democrático y Cambio Radical para crear una sala especial para militares, lo cual, en la práctica, significaría sacarlos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ahora, apareció un nuevo fantasma. Se trata de una reforma constitucional para evitar el acceso a información reservada por parte de la comisión de la verdad, la JEP o la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La iniciativa es de autoría del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Óscar Pérez  Pineda, y uno de los ponentes es el representante Álvaro Hernán Prada -hoy investigado por la presunta manipulación de testigos-. Los congresistas uribistas asumieron la tarea de legislar en función de restringir el mandato de las entidades pertenecientes al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creadas a partir del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno y las Farc. El texto propuesto por el proyecto de acto legislativo es corto, pero ha desatado el rechazo total de la institucionalidad.

Y es que la iniciativa tiene un solo artículo, el cual modifica un aparte de la Constitución Política, en el sentido de que ni la Comisión de la Verdad, ni la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, ni la Justicia Especial para la Paz, “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrán solicitar, requerir, pedir u oficiar a las entidades públicas de cualquier orden, a los organismos de control, a los servidores públicos y a los particulares que cumplen o cumplieron funciones públicas, información, datos, documentos de carácter reservado, documentos de altísima sensibilidad, información sometida a reserva, o cualquier otra operación relacionada con información estatal o documentos de cualquier índole, en donde se señale, indique, mencione, describa, o especifique información relacionada con la seguridad nacional, tales como operaciones militares, operaciones estatales, operaciones de inteligencia, operaciones de contrainteligencia o cualquier otra información que atente o ponga en riesgo mínimo la seguridad nacional o de cualquiera de sus agentes”, indica el texto.

A su vez, la propuesta sostiene que ninguna entidad de estas podrá “requerir ningún tipo de información personal contenida en hojas de vida, historial personal, listas de miembros o datos relacionados con la vida profesional o privada del personal de los servicios de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado”. Y, finalmente, define como “falta gravísima, tanto para quien solicite como para quien suministre la información a que se refiere este artículo”. Y por si fuera poco, el parlamentario uribista, en la exposición de motivos del acto legislativo, que usualmente sirve de sustento técnico de la iniciativa, es utilizada para atacar a la comisión de la verdad.

“Además, sin que sea este hecho el más relevante para la proposición de este proyecto de Ley, no es un secreto que al interior de la Comisión existen distintos matices ideológicos, donde la mayoría de sus miembros son de una tendencia de izquierda, declarada por ellos mismos en diversos artículos y en sus propias redes sociales, a lo largo de los años que duraron las conversaciones de paz en La Habana; incluso donde muchos han mostrado aquiescencia con algunos de los más macabros hechos ejecutados por las guerrillas y con algunas de sus ideologías; lo cual hace que se cree un manto de dudas sobre la utilización que se pueda derivar de la información a la cual puedan acceder. Ello es una garantía de poca reserva”.

La iniciativa comenzó su trámite en el Congreso con una audiencia pública, realizada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Al respecto, el representante Pérez dijo que no participó en la citación y que él solo es el autor, pero que le corresponderá a la comisión primera y sus ponentes el trámite del articulado.  Eso sí, defendió su iniciativa y explicó: “¿Qué es lo que busca el proyecto? Que ninguna autoridad ni institución le pueda pedir información sensible para el Estado. No entiendo por qué tanta sensibilidad del padre de Roux; entonces, él tiene derecho a conocer toda la información del Estado por lo de la tal comisión de la verdad. Entonces en caso de guerra con Venezuela, toca revelar dónde están los tanques. El alcance del proyecto no es esconder información de responsables de crímenes. La información que requieran estas instituciones, bienvenida, mientras no ponga en peligro la seguridad nacional ni la soberanía nacional”, expresó Pérez Pineda.

Un concepto contario al que emitieron en la audiencia pública los representantes de las entidades del sistema de verdad, justicia y reparación, así como de entidades como la ONU, la Procuraduría General de la Nación o el Archivo General de la Nación. Todos manifestaron su rechazo a la propuesta, la consideraron inconveniente e inconstitucional.  Además, coincidieron en advertir que el planteamiento del proyecto viola la Convención Interamericana, la normatividad internacional y los derechos de las víctimas. Además de rechazar el proyecto del Centro Democrático, los participantes de la audiencia pública brindaron su apoyo a la Comisión de la Verdad, a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas.

Al respecto, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, expuso la naturaleza de la entidad, la normatividad nacional e internacional que la protege y envió, fiel a su estilo, un contundente mensaje de paz y reconciliación. Pero al mismo tiempo, elevó un fuerte rechazo al autor del proyecto. “Como presidente de la Comisión de la Verdad es mi obligación expresar mi protesta e indignación por lo que se expresa en la exposición de motivos del legislador. Esto es falso, injusto, vulnerador de nuestra ética. Quiero dejar claro que la Comisión de la Verdad está conformada por cinco mujeres y seis hombres con ética. Es una comisión que no hace política, sino que lucha contra las mentiras, los silencios y el miedo. Porque sobre estas no se puede cimentar la verdad, la paz ni el estado de derecho”.