Once Amnistiados De Las Farc Han Sido Asesinados Este Año

Por: Redacción paz (El Espectador)

En diferentes escenarios Rodrigo Londoño, líder de la Farc, ha pedido al presidente Juan Manuel Santos “que cumpla con lo que se pactó en La Habana”.

El jefe de Estado señala que se está haciendo todo lo posible para cumplir, “que el vaso está medio lleno, que hemos avanzado y que tenemos que hacer unos esfuerzos juntos para llenarlo a la mayor brevedad posible”.

Que los excombatientes de las Farc sean asesinados – como pasó con los integrantes de la UP – es uno de los principales temores del partido político que nació tras el fin de la guerrilla. La situación es tensa.

Este viernes, un informe realizado por la ONG Corporación Solidaridad Jurídica, reveló que, a un año de la implementación de la Ley de Amnistía, 11 excombatientes de las Farc que salieron de la cárcel, fueron asesinados.

Según el informe, “no existe una ruta diferenciada de reincorporación para las y los ex prisioneros que permita una reincorporación digna e integral y que garantice el goce efectivo de derechos y oportunidades, esto teniendo en cuenta sus condiciones y características propias de su estancia en reclusión, algunas de ellas por más de 20 años.”

El departamento en el que más expresos de las Farc han sido asesinados es Nariño. Allí, tres miembros de la antigua guerrilla perdieron la vida.

En esa zona del país, según reveló el propio ministro de defensa Luis Carlos Villegas, la disidencia de las Farc está conformada por al menos 700 hombres. “Pese a que es un porcentaje bastante bajo del total de guerrilleros reincorporados, ese residuo es altamente peligroso”.

El peligro para los excombatientes de las Farc es alto si se tiene en cuenta que el poder que ejercía la guerrilla en la zona, está siendo asumido por hombres del Eln y bandas criminales que se disputan el control de la producción de narcóticos.

El informe habla de las dificultades a las que se enfrentan los presos de las Farc que, pese a que la llamada ley de amnistía fue firmada, siguen recluidos en los centros penitenciarios.

“Desde la entrada en vigor del acuerdo final han sido documentadas denuncias relacionadas con tratos crueles, inhumanos o degradantes en establecimientos penitenciarios; golpizas, vidrios en los alimentos, negligencia en la prestación del servicio de la salud, etc., como lo ha denunciado la Corporación Solidaridad Jurídica el pasado 23 de septiembre del año en curso”.

Según las Farc, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se entregó un listado con los nombres de 3.609 personas privadas de la libertad reconocidas como miembros de la organización y recluidos en las cárceles colombianas (así como en cárceles del extranjero) de las cuales se han acreditado por cuenta de esa Oficina solamente 3.041. Después de múltiples retrasos con el procedimiento de acreditación, ahora se suma la decisión unilateral del Gobierno Nacional, según comunicado del 25 de septiembre de 2017, de cerrar arbitrariamente el proceso de recepción de los listados en contravía de lo acordado.

Con esta decisión, dice el documento conocido por El Espectador, 252 personas privadas de la libertad reconocidas por las Farc se encuentran sin posibilidad de acceder al proceso de reincorporación ni a los procedimientos establecidos en la ley de amnistía.

“A la fecha de elaboración de este informe han recobrado su libertad de manera efectiva 2.972 ex combatientes que se encuentran relacionadas en los listados de las FARC de personas privadas de la libertad. Después de casi un año de entrada en vigor el procedimiento de amnistía, quedan aún privados de la libertad 726 prisioneras y prisioneros políticos, casi un 30% de personas incluidas en los listados de las FARC; 523 de estas aún no han sido acreditadas por la OACP, entre otras por la definición no consensuada del cierre de listados. De este universo destacamos que pasados los 3 meses de otorgamiento de la condición de Gestores de Paz fue necesario extender esta figura por 3 meses más ante la insistente negativa de las autoridades judiciales de conceder la libertad condicionada para 351 gestoras y gestores de paz quienes actualmente se encentran en un limbo jurídico al no estar concretamente definida su situación”, agrega.