La Constitución Política de Colombia estipula que la pena de muerte esta prohibida en todo el territorio nacional. La realidad demuestra lo contrario. El código penal colombiano establece las diferentes formas de calificar un delito como el homicidio: Existe el doloso, omisivo, culposo o con preterintencional, entre otros.

Precisamente privar a más de 135.000 ciudadanos de su libertad para desconocerle sus derechos a la salud física y mental, a la cercanía de su núcleo familiar, acceder a programas integrales de bienestar y resocialización sin una buena alimentación, sin higiene, con aguas para el consumo con un alto índice de coliformes y todo tipo de patógenos, en condiciones de hacinamiento, obligando a cohabitar a personas sanas con enfermos de tuberculosis, hepatitis, VIH- sida, cáncer, leprosos y demás, sin brindarles la atención requerida, con los criterios expuestos en el sistema general o integral de seguridad social en salud, tales como la oportunidad, la calidad, eficiencia, universalidad, complementariedad, la calidez, y sobre todo la prontitud; estamos claramente ante un genocidio por omisión.

Hace ya más de ocho meses que el contrato con CAPRECOM EPS fue liquidado y aún la FIDUPREVISORA no inicia labores en todas las cárceles del país, son muchos los enfermos (as) que se complican y mueren por causa de la desidia y la omisión del Estado. Para el INPEC y el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, la Superintendencia del ramo, la USPEC y los entes de control, responsables de nuestra salud, lo que hacen es pasarse la bola de un lado a otro sin solucionar nada; incluso la Corte Constitucional ha manifestado que la actual situación viene así hace más de 18 años en una de sus sentencias conocidas.

Es bueno recordarles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene conocimiento de tal situación, y en el evento que este no encuentre respuesta, podría llegar a la Corte Interamericana o en su defecto a la Corte Penal Internacional, pues es absolutamente claro en la declaratoria de crisis social y humanitaria del sector penitenciario y carcelario aún no se ha hecho absolutamente nada.

El Señor Procurador Alejandro Ordoñez, quien debería estar vigilante de todo lo anterior, poco o nada le interesa esta cuestión. Se encuentra mas preocupado por hacerle la guerra a la Paz, y eso que dice que es muy Cristiano y que pertenece a la congregación de San Pío XII. Ahí sí, que alguien se “apiade” de nosotros (as).

La Contraloría no investiga para saber donde han sido enviados o en qué se están empleando nuestros recursos para la atención de los usuarios del INPEC.

Nos impiden que nuestros familiares envíen medicamentos por encomiendas. Solicitan ordenes o recetas médicas, pero como no hay quien atienda, es lo mismo. El resultado: condena a muerte.

Pensamos, como revolucionarios, en la gente que pueda quedar al interior de estos infames muros. Confiamos en la sensatez de el pueblo Colombiano en aprobar el plebiscito y que esto nos lleve a una amnistía e indulto, y con ello a la excarcelación. Pero sincera y honestamente, nos preocupa, después de haber vivido, y estar viviendo en carne propia esta criminal práctica para con toda esta población que nos rodea. Por algo los presos le llamamos a esto “CEMENTERIOS DE SERES HUMANOS VIVOS” .

Hace mucho tiempo que no conocemos o sentimos la aplicación de vacuna alguna, campaña de promoción y prevención, un tamizaje para distintas patologías, un control de tensión, una visita optométrica, alguna glucometria, prevención o atención al consumo de alcohol, tabaquismo, psicoactivos, estupefacientes y demás.

Difícil será reconciliarnos para la gran familia Colombiana, generando mas dolor, más rencor, mas inconformidad. Debemos terminar de una vez por todas con éste Estado de Cosas Inconstitucionales.

Compañía Urías Cuellar

Prisioneros Políticos de Guerra ” El Barne”

BLOQUE ORIENTAL COMANDANTE JORGE BRICEÑO

FARC -EP.

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