Reiteramos nuestro respaldo a los diálogos de paz en La Habana entre el Gobierno Nacional y nuestra Delegación FARC-EP.
Bajo la actual coyuntura, nuevamente reitero la necesidad de reconocer nuestra condición de prisioneras políticas de guerra, quienes hemos padecido vejámenes, tratos crueles, inhumanos y degradantes en prisiones del Estado.
Mientras no se nos reconozca y se nos trate como prisioneras y prisioneros políticos y de guerra, en el sistema penitenciario y carcelario seguirán sucediendo cosas como el hecho ocurrido en la cárcel de Villavicencio el día 6 de julio. Alba Milena Arcila y Marcela Morero, prisioneras políticas, reciben una correspondencia por parte de la Corporación Solidaridad Jurídica, dicha correspondencia fue revisada por la Cabo Olga (apellido por confirmar) y posteriormente entregada a Alba Milena, quien la recibe y la lleva a su celda.
Minutos después es llamada junto con Marcela ante la Cabo Olga quien les decomisa la correspondencia, aludiendo que lo hace por ordenes del Teniente Rodríguez Silva Rubén.
En dicha correspondencia venían los siguientes documentos:
– 1 Periódico “Voz”
– 1 Revista “Nuestra América”
– 1 copia del documento sobre el cese al fuego y hostilidades, acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP y que fue difundido por los medios de comunicación.
– 4 juegos de cartillas pedagógicas sobre los puntos 1, 2, 4 y 5 de la Mesa de La Habana, los cuales ya fueron acordados por el Gobierno y las FARC-EP.
Hago la salvedad que periódicamente la Corporación Solidaridad Jurídica nos ha enviado correspondencia, la cual ha sido revisada por los funcionarios del INPEC y en dicha correspondencia han venido periódicos Voz, revistas y documentos oficiales y públicos del proceso de paz.
Entonces nos preguntamos por qué ahora se da este tipo de situaciones que chocan con nuestro derecho del que habla el artículo 71 de la ley 1709 del 2014, información externa, a la cual los reclusos, según el código penitenciario y carcelario en el título X artículo 110, gozamos de libertad de información, incluyendo acceso a la información pública del acontecer político y social del país, más aún los acontecimientos más importantes de la vida nacional o internacional, como en este caso son los diálogos de La Habana.
Pero el incidente no terminó ahí. Al día siguiente llega una prisionera que venía del Buen Pastor, que traía cartillas pedagógicas, las cuales igual fueron decomisadas.
Nosotras las Prisioneras Políticas de Guerra que nos encontramos en el EPCV, exigimos nuestro derecho a enterarnos sobre el proceso de paz, en forma escrita, visual etc. Y rechazamos rotundamente lo sucedido en este EPCV con respecto a la correspondencia de las Prisioneras Políticas.
Si desde las distintas instituciones del Estado se habla de paz, de que se avizora un provenir prometedor para nuestra patria, entonces ¿por qué se cometen dichas arbitrariedades? Si hablamos de paz, deben haber hechos de paz. El INPEC es una institución del Estado por lo cual debe terminar con esta estigmatización y persecución a los Prisioneros Políticos de Guerra.
Necesitamos la paz para Colombia, invitamos a todos los funcionarios del INPEC a aunar esfuerzos en pro de esta paz, a construir caminos de reconciliación, a rodear los diálogos de paz e ir coherentemente con la realidad del país, en beneficio de la paz estable y duradera para nuestra amada patria, como decía Bolívar, y como lo anhelan los miles de colombianos y colombianas.
Que la paz reconstruya el tejido social de Colombia, es el mejor homenaje que podemos brindarles a las víctimas a través de la verdad y la justicia restaurativa y demostrar, una vez más, que la vida se impone sobre la muerte.
Colectivo de Prisioneras Políticas “Xiomara Marín”
Cárcel de Villavicencio / Anexo Mujeres