La normatividad vigente en la ley 10 de 1990, la ley 100 de 1993, la ley 715 del 2001, ley 1438 del 2011, decreto 1011 del 2006 y en especial la y 1122 del 2007 que ordena la afiliación inmediata de toda la población reclusa al sistema de salud y que y es reglamentada por el decreto 1141 del 2009, donde precisa que el INPEC, la USPEC y el Consejo Superior de la Judicatura, son los encargados de garantizar el servicio de salud a toda la población reclusa y en todos los niveles, pero se contradice lo ordenado en todos los sentidos.
En este penal, se viola flagrantemente la Constitución y las leyes de Estado, y lo más peligroso, se juega con la dignidad humana y la vida de aproximadamente 1.800 ciudadanos privados de la libertad. Es de tener en cuenta que por la falta de un servicio de salud de calidad se han presentado decesos de internos.Estamos padeciendo necesidades en salud, nos engañan con falsas expectativas y compromisos que nunca se cumplen. Hemos realizado protestas, Derechos de Peticiones, Tutelas, Desacatos, hay numerosos fallos a favor de los internos y ninguno de los organismos de control los hace cumplir. Solo se presentan en el penal cuando hay protesta o alguna actividad lúdica para mostrar en los medios masivos de comunicación y decir que están trabajando por los presos cuando la realidad es otra.

El incumplimiento en la salud es latente, las citas a especialistas son limitadas y no se realiza el tratamiento completo, el suministro de medicamentos es restringido, no existe auxiliar de laboratorio, no retiran los desechos hospitalarios exponiéndonos a la contaminación biológica, no se le presta atención a los pacientes psiquiátricos, no se proporciona la historia clínica a todos los internos,El genero femenino requiere tratamiento especial, la mujer por el solo echo de encontrarse en padece física y psicológicament, pero acá se le vulnera, las citas medicas se dan a través de la táctica de rifa sin evaluar el riesgo que esto conlleva, solo hay dos médicos de medio tiempo cuando el contrato dice tres médicos de ocho horas es decir sólo cumplen con uno en realidad, existe una sola silla de ruedas para los internos que no pueden valerse por si mismo o que estén postrados en la plancha de concreto, no se realiza el contro adecuado de pacientes diabéticos, hipertensos, adulto mayor, enfermos terminales, con VIH – SIDA. La dirección del penal afirma que la responsable del mal manejo de la salud era CAPRECOM

El 11 de febrero del 2016 realizamos una protesta pacífica, el día 16 del mismo mes se hizo presente el Director Regional del INPEC y adquirió unos compromisos que nunca cumplió. De forma verbal nos comentó que la salud ya se había arreglado porque el manejo de la misma la había adquirido una tal fiduprevisora del Estado y que en tres días se superaría esta problemática. Hoy, casi tres meses después tenemos que decir que fue falso y el manejo de la salud se empeoró aún más, ya ni medicamentos hay.

Desde el año 2014 existe un fallo de tutela y desacato, que ordena el suministro de agua potable para consumo, lo mismo que no recibir internos hasta que el nivel de hacinamiento no se encuentre por debajo de un porcentaje adecuado. Pero se sigue recibiendo internos, sin importar que el hacinamiento está en el 70%.

Señor Presidente de la República, es evidente que esta situación requiere la más continua vigilancia por parte de los organismos debido a la negligencia del INPEC, la USPEC, y el Consejo Superior de la Judicatura, en el suministro y mal manejo de la salud de la población reclusa. Solicitamos que se estudie la posibilidad de extender la suspensión de los contratos de la salud intramural, prestando especial importancia a las inquietudes de los internos que todas luces se denota la vulneración tácita del derecho a la salud en conexidad con el de la vida.

Por lo anterior y sin lugar a dudas con mucho respeto solicitamos al Alto Gobierno, sus Ministerios y los Organismos de Control:

1. Emprender Acción de cumplimiento en contra del INPEC, la USPEC, Consejo Superior de la Judicatura, Álvaro Barreto Lugo Gerente Consorcio Fondo de Atención en Salud – PPL, Felipe Negret apoderado General de la Fiduprovisora.

2. Gestionar ante el Director General del INPEC el cambio de consul de Derechos Hmanos del Establecimiento Carcelario de Villavicencio Meta, por la falta de gestión y compromiso con la población de internos de este establecimiento.

3. Darle especial importancia a la Mesa de Trabajo conformada por internos representantes de cada patio, quienes son los que conocen y padecen las necesidades y siempre ha estado en disposición de ayudar a alcanzar una vida intramural de paz y convivencia.

4. que se delegue una Comisión Especial del Gobierno y los Entes de Control para que nos visiten y puedan constatar de viva voz las necesidades y la crítica situación que estamos padeciendo las y los internos de este penal.
SU DIGNIDAD ES INVIOLABLE Y LA DE NOSOTROS ¿DÓNDE QUEDA?
Presos del EPMSC Villavicencio
Dirigido a:
Alejandro Gaviria Uribe
Ministerio de Salud y Protección Social
Juan Fernando Cristo
Ministro del Interior
Alejandro Ordóñez
Procurador General
Alfonso Cajiao Cabrera
Defensor del Pueblo
Demás Organizaciones Nacionales e Internacionales Defensora de Derechos Humanos
Señor Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República de Colombia
Ref. Comunicado al alto Gobierno y sus dependencias
Asunto: Queja Denuncia por mal manejos de la salud
Fecha Abril 6 del 2016
Las y los internos del Establecimiento Carcelario de Villavicencio, Meta reprimidos y discriminados por el INPEC y el USPEC y abandonados por el Estado Colombiano, ante la vulneración de nuestros derechos, en nombre de toda la población reclusa de los departamentos de Guaviare, Casanare y Meta, amparados en la Constitución y en las leyes, le exigimos al alto gobierno y sus dependencias respondan por las irregularidades, el incumplimiento a las leyes y las condiciones inhumanas a las que nos tienen sometidos.
Se tiene por entendido que cuando se habla de la DIGNIDAD HUMANA se hace referencia a la igualdad de derechos individual y social para todo ser humano, otra cosa muy diferente es que por la manera como está estructurada la sociedad, lo que se produce para todos sea acaparado por unos cuantos para beneficio particular de quienes controlan el poder político del país, quienes se adjudican jugosos contratos con los recursos asignados para la atención de las poblaciones vulnerables, como somos toda la población reclusa del país.El ser humano privado de la libertad es un ser social que no puede defenderse, toda vez que es una sociedad con una enorme desigualdad social, sometida a la discriminación, a la arrogancia, a la indiferencia, a la falta de oportunidades, a la vulneración de la dignidad humana y al derecho a la salud en conexidad con el de la vida.Su dignidad y la mía son inviolables. Está plasmado en los postulados de la Carta Magna de 1991.

Hoy por hoy, la muerte dentro de las cárceles no son entre internos, es el Estado quien condena a muerte a los internos. La ausencia y la pasividad mezquina de los que ejercen el poder, someten y atropellan a toda la población reclusa del país.

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