por: Corporacion José Antonio Galán

28 de Julio de 2013 a la(s) 16:39

El domingo dos de octubre del año 2011 no fue un día normal para una decena de personas en los departamentos del Huila y Caquetá. Dentro de ese grupo la mayoría eran líderes sociales entre los que se destacan defensores de derechos humanos, dirigentes estudiantiles y líderes agrarios a quienes les madrugó un operativo de la Policía Nacional, en el cuál de forma simultánea fueron allanados sus domicilios y capturados. Según la Policía, se trataba de peligrosos integrantes de la Columna Móvil Teófilo Forero Castro, del Bloque Sur de las FARC-EP quienes estaban requeridos por un Fiscal Especializado de la Unidad Nacional contra el Terrorismo por los delitos de Concierto para Delinquir con fines terroristas, Rebelión y Administración de Recursos relacionados con Actividades Terroristas. Ese mismo día en horas de la tarde fueron puestos en un avión de la Policía que se había desplazado a Neiva con los integrantes de la DIJIN que llevaron a cabo el operativo y fueron llevados a la ciudad de Bogotá, en dónde fueron entregados ante un juez de garantías para adelantar las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y la de imposición de medida de aseguramiento.

Al día siguiente, el movimiento social vivió un enrarecido ambiente por cuenta de la difusión en todos los medios de comunicación nacional y regional de las declaraciones en rueda de prensa del Ministro de Defensa y del Director de La Policía Oscar Naranjo, en las que destacaban la captura de estos peligrosos terroristas que de acuerdo a sus fuentes hacían parte del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC) de las FARC-EP que tenían como misión infiltrar las protestas sociales en el movimiento estudiantil y campesino en el Huila y Caquetá. Quienes conocían a muchos de estos líderes sociales no le daban crédito a lo que decían en las noticias, máxime cuando se trataba, en la mayoría, si no en todos los casos de personas humildes cuyo único problema con el Estado era por cuenta de haber denunciado su abandono y haber asumido la responsabilidad con sus comunidades, de reclamar ante este mejores condiciones de vida.

La Universidad Surcolombiana no fue ajena a esta situación y como cuota tuvo a dos conocidos dentro del movimiento estudiantil. Se trataba de Jorge Eliécer Gaitán Hernández y de Carlos Alberto Lugo, el primero, estudiante de séptimo semestre del programa de Derecho, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y Presidente de la Corporación de Derechos Humanos José Antonio Galán (CORPOJAG); el segundo, cantautor de música social que tenía su principal audiencia en el movimiento estudiantil surcolombiano. La sorpresa fue grande en todos los estamentos. Los docentes del programa de Derecho en reunión extraordinaria expidieron un comunicado reclamando plenas garantías para los procesados.

Para el día miércoles 5 de octubre de 2011, cuando comenzaban las movilizaciones de la MANE en contra de la propuesta de reforma a la Ley 30 de la educación superior por parte del gobierno, Jorge Gaitán y Carlos Lugo ya habían sido cobijados con medida de aseguramiento en el Pabellón de Alta Seguridad en la Cárcel Modelo de Bogotá y desde ese momento hasta hoy han estado privados de la libertad, en un proceso, que de acuerdo a los integrantes de la FEU Colombia y CORPOJAG se ha convertido en un “Falso Positivo Judicial” en el que se han vulnerado flagrantemente las garantías mínimas que tienen como procesados, pues al cumplirse un año y diez meses de estar privados de la libertad, aún no han sido llevados a juicio de acuerdo a los términos de la Ley 906.

Afirman que por este motivo, solicitaron ante Juez de Control de Garantías de Puerto Rico –Caquetá-, la libertad por vencimiento de términos de Carlos y Jorge, de acuerdo con el Artículo 317 Numeral 5 de la Ley 906 que opera cuando transcurren 120 días desde la audiencia de acusación sin haber iniciado el juicio. Según ellos, a la fecha de la publicación de esta nota, han transcurrido 362 días sin que haya iniciado el juicio oral, con el agravante de que ni siquiera se ha reprogramado la audiencia preparatoria, la cual se ha aplazado en al menos 13 oportunidades, encontrando que gran parte de este tiempo es atribuible a fallas del Estado, como por ejemplo, el traslado injustificado de los prisioneros a ciudades distantes a donde se adelanta el proceso, el deficiente funcionamiento de los equipos de videoconferencias y los sucesivos cambios de Juzgado del proceso. Recalcan que en la decisión de primera instancia para esta audiencia de libertad celebrada el 26 de mayo de 2013, el juez decidió de acuerdo a criterios políticos más que en aplicación de los principios y derechos constitucionales, negándoles la libertad sin si quiera precisar en su negativa cuántos días son los que se pueden contar para definir que no se alcanzan los 120 días requeridos por las normas mencionadas.

Por esta razón presentaron recurso de apelación, en la idea de que la segunda instancia falle en derecho y ponga en libertad a estos líderes sociales sin que a la fecha tampoco se haya proferido decisión alguna, a pesar de que el Código de Procedimiento Penal establece que estas apelaciones deben resolverse en máximo cuatro días hábiles.

Mientras tanto y en tan desolador panorama judicial para este proceso, sus familiares, amigos y organizaciones continúan a la espera de saber ¿Por qué siguen detenidos Jorge Gaitán y Carlos Lugo?

Texto Escrito por Corporación José Antonio Galán (CORPOJAG)

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