La Corporación de Solidaridad Jurídica es una organización defensora de Derechos Humanos cuyo objetivo organizativo es contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población reclusa, a través del posicionamiento de una estrategia integral de exigibilidad de sus derechos humanos y del acompañamiento humanitario y jurídico, que permita su reconocimiento como sujetos de derechos y su inclusión como parte de la sociedad colombiana. A raíz de los Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las FARC-EP, la labor de nuestra Corporación ha adquirido nuevos compromisos y matices, ya que como integrantes de La Coalición Larga Vida a las Mariposas…

La Corporación Solidaridad Jurídica tiene su génesis en la ASOCIACIÓN DE JURISTAS DEMÓCRATAS, la cual asumió la defensa de los perseguidos y detenidos, logrando la libertad de muchos de estos y el respeto por sus derechos civiles en medio del accionar del decreto 2790 de 1990. La justicia sin rostro se caracterizó por desconocer el principio de la presunción de inocencia; esta justicia establecía la reserva de identidad de fiscales, jueces, tribunales y auxiliares de la justicia, incluyendo al representante de la Procuraduría que actuaba en los procesos. También creó los famosos testigos sin rostro, figura que fue utilizada para hacer acusaciones y cometer arbitrariedades.

De conformidad con lo pactado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se estableció un procedimiento de excarcelación para las personas privadas de la libertad acusadas de pertenecer o colaborar con la insurgencia, procedimiento que con la aprobación de la ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones, se convirtió en la primera pieza de la producción legislativa de dicha implementación, suponiendo así el inicio del procedimiento de excarcelaciones masivas a nivel nacional. Lo establecido en la ley de amnistía desarrolló inicialmente 3 mecanismos de excarcelación para aquellas personas privadas de la libertad, acusadas de pertenecer o colaborar con la insurgencia y previamente reconocidas en los listados entregados por las FARC-EP al gobierno nacional.